Por: Christian Tenorio Gutiérrez*
La misión del Instituto Nacional Electoral (INE), consagrada en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), radica en garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Esta tarea se articula mediante el diseño y aplicación de procedimientos técnico-normativos, cuyo fin es generar equidad en la contienda electoral y certeza en la autenticidad del sufragio. No obstante, cuando este mandato se traslada a la geografía material, social y cultural de Oaxaca, la función electoral adquiere dimensiones de una complejidad mayúscula.
A lo largo de casi una década de responsabilidad directa en la implementación operativa en campo, he constatado que Oaxaca no admite fórmulas genéricas. Organizar elecciones en esta entidad exige conciliar los principios de definitividad, certeza y legalidad con una orografía abrupta, una intensa efervescencia sociopolítica y, por encima de todo, una composición comunitaria única. La democracia en Oaxaca no es un trámite de oficina; es un ejercicio permanente de proximidad, sensibilidad social y rigor técnico.
Las reflexiones presentadas a continuación son fruto de mi trayectoria en el estado, así como de la recopilación de datos y vivencias orientadas a comprender la realidad local. Lejos de pretender constituir verdades absolutas, este trabajo busca estimular el debate, la reflexión y el intercambio de experiencias en torno a la función electoral.
1. El Índice Distrital de Complejidad Electoral
Para diagnosticar las condiciones operativas de las 300 demarcaciones federales del país, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE diseñó el Índice Distrital de Complejidad Electoral (IDCE), el cual clasifica las variables demográficas, educativas, de accesibilidad e infraestructura territorial. Con un promedio estatal de 3.3143 en 2024, Oaxaca se posiciona como la segunda entidad más compleja del país, solo detrás de Chiapas. Cinco de sus diez distritos electorales —02 (Teotitlán de Flores Magón), 04 (Tlacolula de Matamoros), 06 (Heroica Ciudad de Tlaxiaco), 09 (Puerto Escondido) y 10 (Miahuatlán de Porfirio Díaz)— se encuentran en el estrato de Muy Alta complejidad. Contrastando con ellos, únicamente el distrito 08, con cabecera en Oaxaca de Juárez, se sitúa en un nivel Muy Bajo (0.9039).
Esta categorización responde a las siguientes variables consideradas por el índice:
- Dispersión poblacional y aislamiento: De acuerdo con el INEGI, el 50.5% de la población del estado habita en localidades rurales, siendo el segundo registro más alto a nivel nacional. Además, el 52.6% de sus localidades rurales registran accesibilidad «baja» o «muy baja» a carreteras pavimentadas, superando holgadamente la media nacional del 40.2%.
- Tiempos prolongados de traslado: El 71.5% de las secciones electorales oaxaqueñas demandan más de 50 minutos para trasladarse a la cabecera distrital, colocando al estado en el primer lugar nacional en recorridos extendidos (frente a un promedio del país de apenas 50 minutos). A ello se suma que el 61.9% de las secciones territoriales superan los 10 kilómetros cuadrados de superficie.
- Brecha digital estructural: Mientras los sistemas institucionales operan crecientemente en entornos digitales, demarcaciones como el Distrito 06 (Tlaxiaco) registran un 86% de viviendas habitadas sin acceso a internet; en el Distrito 04 (Tlacolula de Matamoros) la carencia alcanza el 82.3%, en el Distrito 10 (Miahuatlán de Porfirio Días) el 80.7% y en el Distrito 02 (Teotitlán de Flores Magón) el 79.1%.
- Casillas extraordinarias como garantía de acceso: Frente al nudo mixteco y los retos geográficos que imponen la Sierra Madre del Sur y de Oaxaca, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) prevé en su artículo 256 la habilitación de casillas extraordinarias para sortear accidentes orográficos y vías complejas. Mientras la media nacional es de 4.9%, en Oaxaca el 16.2% de las casillas aprobados corresponden a esta modalidad, garantizando que el aislamiento no signifique exclusión electoral.
Sin embargo, el IDCE, fundamentado predominantemente en datos sociodemográficos e infraestructurales, deja un campo de oportunidad: la incorporación sistemática de las dinámicas de la comunalidad indígena y las tensiones del entorno político-social que condicionan directamente la operación electoral en campo.
2. Pluralidad cultural y comunalidad: La convivencia de dos sistemas
Oaxaca no puede comprenderse sin su composición indígena: el 66.6% de la población (2.8 millones de personas) se auto-adscribe como indígena según la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, y coexisten 16 agrupaciones etnolingüísticas con más de 1.15 millones de hablantes. De los 570 municipios que componen el estado —prácticamente la cuarta parte del país—, 418 renuevan a sus autoridades mediante Sistemas Normativos Indígenas (SNI) y 152 lo hacen a través del régimen de partidos políticos.
Lejos de tratarse de esquemas cerrados o excluyentes, ambos regímenes interactúan de manera cotidiana. En numerosos municipios regidos por partidos, las agencias de policía y municipales eligen a sus autoridades auxiliares mediante asambleas comunitarias; de igual forma, en municipios bajo SNI afloran con frecuencia planillas asociadas con identidades políticas partidistas.
En los pueblos originarios, el territorio no es concebido como un patrimonio inalienable resguardado colectivamente. La legitimidad de la autoridad emana de la asamblea comunitaria y del cumplimiento escalonado del sistema cívico-religioso de cargos, basado en la gratuidad y el honor del servicio social. Esta cohesión descansa en el tequio, las redes de ayuda mutua y la reproducción de identidades en mayordomías y fiestas patronales. Lejos de representar un obstáculo burocrático, esta raíz comunal se transforma en una fortaleza invaluable: la ciudadanía convocada para integrar las mesas directivas de casilla, tras la insaculación prevista en el artículo 254 de la LGIPE, acoge la capacitación y el encargo con el mismo sentido cívico y moral con el que asume el servicio comunitario, en tanto que las asambleas y agentes locales facilitan espacios y mobiliario comunal que subsanan retos logísticos de arrendamiento para las autoridades electorales federal y local.
3. Disputas agrarias, presupuestos municipales y repertorios de presión social
Pese a esta formidable cohesión interna, la geografía oaxaqueña se encuentra cruzada por tensiones estructurales que impactan directamente el desarrollo de las etapas electorales:
- Conflictos por límites territoriales: De acuerdo con la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGO) y la Junta de Conciliación Agraria (JCA), persisten en la entidad entre 283 y 360 controversias agrarias activas, originadas por la colisión entre posesiones comunales inmemoriales respaldadas por títulos virreinales y resoluciones presidenciales del siglo XX. El caso más emblemático, aunque no el único, los constituye la histórica conflictividad en la región Triqui (Distrito 06) con el desplazamiento forzado interno derivado de pugnas armadas y faccionales (MULT y MULTI), exigen que el INE rediseñe la logística mediante casillas extraordinarias y especiales para que comunidades vecinas en pugna no colisionen en una misma casilla electoral.
- La pugna por la asignación presupuestal de los Ramos 28 y 33: La concentración de participaciones y aportaciones federales en las cabeceras municipales, en detrimento de las agencias de policía y municipales, suele provocar tomas de palacios, retenciones de autoridades y bloqueos carreteros en busca del acceso o redistribución de dichos recursos. Con frecuencia, estos grupos utilizan los procesos electorales y la amenaza de suspender la instalación de casillas como palanca de negociación frente al Estado para resolver agravios hacendarios que nada tienen que ver con la función electoral.
- Contrapesos magisteriales y movimientos sociales: La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se mantiene como una fuerza de contrapeso con capacidad de movilización regional y veto territorial. Su presencia explica por qué el artículo 255 de la LGIPE —que privilegia las escuelas públicas para la instalación de casillas— en Oaxaca constituye una excepción y no la regla, ante el recelo de directivos y comités de padres de familia y los precedentes de movilizaciones sindicales, como los experimentados en 2015. Asimismo, organizaciones históricas como las vertientes de la COCEI en el Istmo, frentes de resistencia contra megaproyectos de desarrollo (parques eólicos o Polos de Desarrollo del Corredor Interoceánico) y colectivos urbanos demandan una interlocución continua. En municipios como San Dionisio del Mar, la confrontación por proyectos eólicos suspendió comicios ordinarios por más de una década, a penas en 2021 se recuperó el cause democrático, demandando mesas de concertación exhaustivas entre la autoridad electoral, la SEGO y la asamblea comunitaria.
- Seguridad pública y criminalidad regional: Pese a ubicarse formalmente en un rango medio de incidencia delictiva general, regiones como el Istmo de Tehuantepec (Juchitán, Salina Cruz), la Cuenca del Papaloapan (Tuxtepec) y la Costa enfrentan dinámicas de huachicol, cobro de piso, tráfico de personas y cooptación policial, lo que exige al INE implementar estrictos protocolos de acompañamiento y esquemas de contingencia para resguardar el desarrollo de todas las etapas del Proceso Electoral, así como la integridad física de su personal.
4. Las elecciones municipales y la igualdad de género, los mayores desafíos de gobernanza electoral
Los 152 municipios que renuevan sus ayuntamientos mediante el sistema de partidos constituyen el espacio de mayor volatilidad institucional. A raíz de la reforma electoral local de 2016, que desacopló la elección de la gubernatura sexenal de las elecciones federales y municipales, se advierte una tendencia clara: los comicios coincidentes con la elección presidencial (2018 y 2024) amortiguan las crisis locales por el arrastre nacional. En 2024, de hecho, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron la totalidad de las 152 elecciones municipales de partidos, sin necesidad de comicios extraordinarios.
En contraste, la elección intermedia de 2021 constituyó la cúspide de la desestabilización comicial en la historia reciente de la entidad. Al carecer de una narrativa nacional o de un relevo de gubernatura que unificara el clima político, las disputas se polarizaron en cacicazgos locales, violencia armada e interrupción de la cadena de custodia de paquetes electorales. El saldo obligó a realizar siete procesos electorales extraordinarios simultáneos en marzo de 2022 en municipios como Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Villa de Mitla, Santa María Mixtequilla, Santa María Xadani, Chahuites, Reforma de Pineda y Santiago Laollaga. Esta experiencia confirma que las elecciones intermedias —como las que se proyectan para 2027— requieren blindajes preventivos prioritarios en zonas de alta rispidez, particularmente en el Distrito 07 con cabecera en Ciudad Ixtepec y en los Valles Centrales.
Por otro lado, la salvaguarda de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el combate a la violencia política en razón de género ha expuesto una encrucijada crítica: Oaxaca ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPSVPG) del INE. Tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 161/2022, que invalidó la postergación de la paridad en municipios indígenas, el mandato de igualdad se tornó de aplicación obligatoria inmediata. En los partidos prevalecen prácticas de asfixia económica, retención de dietas y usurpación de funciones hacia las regidoras; en tanto que, en el régimen consuetudinario, la inclusión de mujeres en los cabildos ha confrontado tradiciones arraigadas del sistema escalonado de cargos cívicos, demandando pedagogía de derechos y resoluciones jurisdiccionales que deben concilien la universalidad de los derechos políticos con la autonomía comunitaria sin menoscabar la integridad de las mujeres.
5. El anclaje institucional: Del Módulo de Atención Ciudadana al valor del SPEN
En medio de estas complejidades, la presencia el quehacer del INE adquiere un rostro de cercanía y legalidad.
La Credencial para Votar con Fotografía no es únicamente el instrumento para sufragar; en las comunidades apartadas de Oaxaca es «la llave que abre muchas puertas»: la vía indispensable para registrar a las infancias en la escuela, acceder a clínicas de salud, poseer identidad jurídica y gestionar apoyos sociales. Esta tarea descansa en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), especialmente en los esquemas itinerantes y semifijos certificados bajo la norma internacional ISO 9001:2015 desde noviembre de 2022. Las y los operadores de módulo recorren sierras y valles, pernoctan en las agencias, tramitan en las lenguas locales y coordinan con los agentes municipales el mobiliario y la energía eléctrica, materializando el derecho a la identidad en los límites mismos de la geografía estatal.
Asimismo, la viabilidad de la función electoral descansa en la vocación, templanza y solvencia técnica del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y del personal operativo y administrativo del Instituto. Quienes integran las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas en Oaxaca no solo deben dominar a la perfección las directrices de la LGIPE y los acuerdos del Consejo General; deben ser mediadores natos, dotados de prudencia política y capacidad de diálogo intercultural. Su labor cotidiana consiste en construir mapas de prevención de riesgos y esquemas de contingencia, dialogar con autoridades comunales, integrantes de cabildos, miembros de asambleas comunitarias o de organizaciones sociales, sortear bloqueos carreteros y coordinar con el IEEPCO y las instancias de seguridad pública la integridad de la cadena de custodia de la paquetería electoral.
Lejos de una traba técnica insalvable, la profunda pluralidad y la orografía oaxaqueña son el alma misma de su entramado democrático. En un país diverso como lo es México, Oaxaca demuestra que la legitimidad de las elecciones se forja en el terreno: respetando los tiempos y formas de las comunidades, anticipando las tensiones del entorno sociopolítico y reivindicando el profesionalismo electoral como el garante definitivo de la paz pública y el voto libre. *Vocal Ejecutivo de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el estado de O
